ONUSIDA

PENSIDA IV

A tres décadas de haberse descubierto el primer caso de VIH en país, se ha logrado avanzar hacia una respuesta creciente y sostenida, donde la planicación estratégica que inicia en 1998 ha permitido organizar y orientar el trabajo de los diferentes sectores marcando así la ruta a seguir. El país ha transitado de un abordaje biologista a uno biopsicosocial centrado en la persona humana, avanzando de un enfoque en salud a un enfoque multisectorial donde se involucran otros actores claves como educación, trabajo, defensa, seguridad, con fuerte protagonismo de las organizaciones de sociedad civil y de las propias organizaciones de personas afectadas por la epidemia.

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Caso de Inversión

Hace algunos años, la respuesta al VIH en sus diferentes niveles se caracterizaba por la dispersión de acciones y pluralidad de actores que no siempre lograban una respuesta conjunta, efectiva e integral. Esto ocasionaba elevados costos para dar respuesta a la epidemia, comprometiendo su sostenibilidad. Desde 2011 se ha propuesto un nuevo marco de inversión estratégica cuyo objetivo es apoyar una mejor gestión de las respuestas nacionales e internacionales a la epidemia. ONUSIDA condujo el estudio del “Caso de la Inversión en VIH en Honduras”, el cual pone sobre la mesa la situación nacional de la epidemia y las inversiones para responder a ésta en relación a las categorías de inversión propuestas por el marco. El fin último es emplear de manera más eficiente los recursos desarrollando planes basados en la evidencia, orientar las metas y recursos de los planes en correspondencia con el tipo de epidemia y las poblaciones más afectadas, y en dirigir los recursos hacia intervenciones más costo efectivas.

Honduras, al igual que el resto de la región, comparte una situación de desbalance entre necesidades, captación y uso de recursos. Obtener recursos suficientes para que el nivel de provisión de servicios –incluyendo las acciones de estrategias de promoción y prevención- sea compatible con el volumen total de las necesidades es una meta difícil de alcanzar para cualquier sociedad. Como un ciclo que se retroalimenta: la demanda de intervenciones de prevención, tratamiento y atención, crece más rápidamente que los recursos para atender la epidemia, teniendo como efecto una capacidad de oferta insuficiente en cantidad (baja cobertura) y calidad. La combinación de baja cobertura, pobre calidad e intervenciones no estratégicas tiene como efecto un incremento en la cantidad de nuevas personas infectadas, la rápida progresión a etapas avanzadas de la infección -por diagnóstico tardío y seguimiento clínico no oportuno- y por ende un aumento en la letalidad y mayores necesidades de atención paliativa y de mitigación del impacto social.

Las disminución de recursos para financiar la respuesta nacional al VIH demanda el uso más eficiente de los recursos desarrollando planes basados en la evidencia, orientando las metas y recursos de los planes en correspondencia con el tipo de epidemia y las poblaciones más afectadas y dirigiendo los recursos hacia intervenciones más costo efectivas.

Para mejorar la efectividad y calidad de la prevención se debe:


• Incitar al Estado a que asuma mayores cuotas de participación en los programas de prevención en las mujeres trabajadoras del sexo (MTS), hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y población garífuna y reducir la dependencia de recursos externos para financiar estos programas;
• Ampliar la detección de nuevos casos descentralizando la prueba del VIH con énfasis en estas poblaciones;
• Desarrollar un plan de expansión de la prueba y consejería a fin de aumentar el diagnóstico temprano de VIH y los beneficios preventivos, con metas claras incluyendo una combinación de intervenciones; y
• Aumentar la cobertura de prueba en mujeres embarazadas.

Para optimizar la inversión en tratamiento antirretroviral (ARV) se debe:


• Aprovechar el 20% de reducción de precios en compras por el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS);
• Realizar compras a través de Fundación Clinton / UNITAID, con antecedentes en la región;
• Negociar de forma conjunta por medio de la Secretaría Ejecutiva del COMISCA (SE-COMISCA), como se hace desde 2009 a través de la Comisión Técnica Subregional de Medicamentos;
• Centralizar la compra de insumos diagnósticos de VIH incluidos en el algoritmo; y
• Aumentar la asignación de recursos financieros del presupuesto nacional para el rubro de insumos de laboratorio.


Las sostenibilidad implica el balance entre consumo y regeneración de recursos requeridos para conservar el dinamismo de un sistema. La noción de sostenibilidad destaca la existencia de un límite en el crecimiento de los recursos, dictados por la disponibilidad y el tiempo de renovación de los mismos. Esto lleva a la reflexión de cuidar que las decisiones y actuaciones de hoy no reduzcan la viabilidad futura. Así, los estudios de impacto socioeconómico del VIH muestran que la supervivencia económica y social futura depende de actuar ahora para cambiar las tendencias epidemiológicas y su impacto sobre la fuerza laboral, el proceso productivo, los costos sociales, entre otros aspectos.

CONASIDA

La Comisión Nacional de Sida – CONASIDA – es un órgano multisectorial interdisciplinario encargado de la gestión y coordinación interinstitucional para la formulación de políticas generales en materia de VIH y Sida; la administración de recursos técnicos y financieros; y la formulación de estrategias generales  para la promoción integral de la salud, incluyendo protección, prevención, investigación, control, tratamiento, educación e información en materia de salud sexual y reproductiva relacionado al VIH.

Ley Especial del VIH

La Ley Especial del VIH de Honduras fue aprobada en 1999 por medio del decreto No.147-99 teniendo como objetivos principales:


• La creación de los mecanismos de una coordinación institucional para la prevención, tratamiento e investigación relacionada al VIH y al sida,
• La asignación de responsabilidades civiles y gubernamentales relacionadas a la respuesta nacional al VIH, y
• La definición de los derechos y deberes de las personas viviendo con VIH.


La ley estableció el marco regulador de la Comisión Nacional de SIDA (CONASIDA), encargada de la organización institucional y elaboración de políticas relacionadas con la epidemia. La ley también establecía que cualquier marco legal que pretendiera promover el combate contra la epidemia debería ser claro en cuanto a la prevención de la discriminación de las personas viviendo con VIH. Esta aseveración está contenida de manera reiterada y explícita en la ley a través del contenido de los siguientes artículos.

Actualmente, las organizaciones de personas viviendo con VIH y otras de sociedad civil realizan acciones de incidencia política para reformular este instrumento, luego de diversos procesos de revisión. Estos grupos abogan por una ley reformada que potencie las capacidades del Estado en la respuesta multisectorial con un enfoque de derechos humanos, inclusiva, pluralista y actualizada en base al contexto actual de la epidemia del VIH en el mundo.

Evaluación al PENSIDA III

En el 2012 durante una reunión de la CONASIDA, se decidió extender el periodo de vigencia del PENSIDA III hasta el 2015 sobre la base de una evaluación que permitiera reformular las estrategias planteadas según los resultados y desafíos encontrados hasta la fecha, así como datos actualizados sobre le epidemia.

La evaluación fue ejecutada desde la perspectiva de una respuesta multisectorial y planteada como una oportunidad para el análisis y la deliberación crítica sobre la efectividad, eficiencia y sostenibilidad de las estrategias nacionales, que aportan a la consecución de los objetivos de acceso universal y a los compromisos políticos internacionales asumidos por el Estado de Honduras en materia de VIH. Es importante situar como punto de referencia el compromiso político, expresado por el Estado hondureño en la última Declaración Política sobre el VIH de 2011, donde reconoce las grandes líneas de intervención como esenciales para alcanzar las diez metas de 2015.

La evaluación fue liderada por el Equipo Nacional de Monitoreo y Evaluación de CONASIDA con el apoyo de ONUSIDA y la participación de la Secretaría de Salud, los Centros de Atención Integral (CAI) y las Clínicas VICITS, otras Secretarías e instituciones del Estado, grupos de personas viviendo con VIH, representantes de Poblaciones en Mayor Riesgo (PEMAR), la sociedad civil organizada y la cooperación internacional.

El documento de “Evaluación de proceso y resultados del PENSIDA III” responde a la necesidad de revisión de la respuesta nacional actual vista desde los tres componentes estratégicos del PENSIDA III: (1) Promoción de la salud para la prevención del VIH; (2) Atención integral y (3) Política pública y gestión social. Además, se revisó el tema de monitoreo y evaluación como eje transversal para todas las áreas estratégicas.

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