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Políticas Públicas y Gestión Social

Las acciones de gestión social contemplan la legislación y aplicación del marco legal en materia de VIH y Sida y otras leyes vinculantes. Además, permiten la construcción de procesos de homologación a fin de armonizar con el resto de políticas sociales o sectoriales vigentes en el país y procuran las acciones de auditoría social y de gestión para garantizar la transparencia debida. La aplicación y cumplimiento de la política pública en VIH, expresada en su marco legal y estratégico, así como las estrategias de gestión social, será efectiva en la medida que se fortalece a la CONASIDA en su representatividad al más alto nivel, se conforme y consolide su capacidad técnica normativa y se le asignen los recursos necesarios para desempeñar su rol rector.

El PENSIDA III se orienta a 1) garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de las personas infectadas y afectadas, con la debida corresponsabilidad en el cumplimiento de deberes, bajo un concepto de seguridad humana integral; dando respuesta estatal progresiva en el marco de los tratados y convenios nacionales e internacionales suscritos y ratificados por el Estado Hondureño; y 2) facilitar los procesos de coordinación, concertación y armonización de acciones, políticas y de movilización de recursos entre las diferentes instancias del Estado, que generen consensos; así como la promoción y homologación en el ordenamiento jurídico nacional coherente con los lineamientos de la política pública en VIH y Sida.

En otros ámbitos afines con el mandato de CONASIDA, se han podido presenciar diferentes hechos que están colocando la respuesta al VIH en otros contextos, con otros actores y con otros fines. Estos liderazgos sobrevienen de diversas instituciones del Estado, con acciones emprendidas, entre otras, por el Registro Nacional de Personas, con el lanzamiento de la Política de Protección Social, que incluye el abordaje del VIH/ SIDA en las diferentes etapas de la vida de las personas; la aprobación de la Política de VIH en el ámbito laboral, liderada por la Secretaría de Trabajo y con asistencia de la OIT; el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras, implementado por el Instituto Nacional de la Mujer, en donde se reconoce que el VIH es la primera causa de muerte en las mujeres en edad reproductiva (17% del total) y donde se establecen líneas políticas y estrategias claras de respuesta institucional; sin dejar de mencionar la inserción del tema de VIH en la Visión de País y Plan de Nación, con el objetivo para el año 2034 de “haber logrado una clara declinación en la propagación del VIH/SIDA”.

El gasto en prevención

De acuerdo al MEGAS 2010, el total del gasto ejecutado en la respuesta en el año 2010 fue de $36.1 millones. El análisis de los recursos requeridos para la respuesta indica que el 52% ($20.3 millones) de todas las necesidades corresponden al área de prevención; mientras que el análisis de gasto del año 2010 muestra que el 52% ($18.6 millones) de los gastos se destinaron a prevención. El monto de recursos destinados a prevención incluye el financiamiento de las acciones dirigidas a la comunicación para el cambio de comportamiento, prevención de la transmisión materna infantil, consejería y prueba del VIH voluntaria –principalmente a embarazadas- y para la reducción del riesgo en poblaciones vulnerables como ser MTS, HSH y la población garífuna.

Los recursos dirigidos a programas de prevención para profesionales del sexo y sus clientes en el 2006 fue el 5% ($355,462 de $6,182,809); y en 2010 apenas del 0.4% ($64,869 de $15,187,922). Los recursos destinados a los programas de prevención de hombres que tienen sexo con hombres se mantuvo estable durante el periodo evaluado; el 2% ($103,771 de $6,182,809 en 2006) y 2% ($316,583 de $15,187,922 en 2010). Pese a que los programas de prevención en estas poblaciones tienen un impacto fundamental en la trayectoria de la respuesta nacional a la epidemia, los recursos disponibles todavía no son suficientes para alcanzar el acceso universal.

Atención Integral

La Secretaría de Salud instauró el servicio de provisión del tratamiento antirretroviral (TAR) en el año 2002 y después de una década de proveer este servicio. Según la estrategia nacional, los servicios de atención integral a las personas que viven con VIH se orientan hacia la promoción, prevención, atención del daño, apoyo emocional y social en el contexto de la familia y la comunidad con el fin de mejorar su calidad de vida.

Según datos nacionales hasta septiembre de 2012, un total de 12,309 personas con VIH han tenido acceso a la terapia, mientras que la cohorte activa en TAR asciende a 8,792 personas, 778 niños menores de 15 años y 8,014 personas mayores de 15 años, el 60.5% son mujeres y según el esquema de tratamiento el 83.2% se encuentran en primera línea de terapia, 16.6% en segunda línea y el 0.2% en terapia de rescate. Hasta el 2012, casi la totalidad de los ARV de primera y segunda línea fueron adquiridos con fondos nacionales, y en su mayoría forman parte del Cuadro Básico de Medicamentos de la Secretaría de Salud.

La autosuficiencia en la compra de los medicamentos es casi una realidad; el país actualmente es responsable por el 98% de los fondos para la compra de los medicamentos ARV de primera y segunda línea. Existe además una extensa red de CAI (44 a nivel nacional de los cuales 20 ofrecen atención pediátrica) distribuidos en las 20 Regiones Departamentales; dos CAI funcionan en los centros penitenciarios más importantes; un CAI en la Policía Metropolitana del Distrito Central y tres funcionando en asocio con la Iglesia Episcopal.

Sin embargo, la cobertura sigue estando por debajo de las metas del PENSIDA III y la Declaración Política de 2011. Desde el 2002 en que se inició con la estrategia de acceso universal acelerado a TAR hasta diciembre del 2012, un total de 8,970 personas viviendo con VIH (que corresponde al 47% del estimado de personas que requerían TAR para el 2012) reciben atención.

4.4 pacTAR

Acceso a pruebas y condones

Los servicios de prueba de VIH, acompañados de consejería pre y post prueba están integrados en todos los CAI, clínicas UMIETS/VICITS y centros de salud que cuentan o no con laboratorio. Además, el servicio es proporcionado por algunas organizaciones no gubernamentales subcontratadas por la Secretaría de Salud con asistencia de USAID y por otras que ejecutan proyectos con esta línea de servicios (subvencionadas por el Fondo Mundial). Uno de los logros más relevantes durante los últimos años, consiste en la ampliación de los establecimientos de acceso a prueba rápida a 556 unidades de salud, que representa alrededor del 30% en relación al total de establecimientos a nivel nacional.

En cuanto al acceso a condones, más de 14.6 millones de condones masculinos fueron distribuidos a nivel nacional en el periodo del PENSIDA III según informa el Fondo Mundial y más de 78,000 personas recibieron condones masculinos como parte de un paquete de servicios de prevención que incluye actividades educativas y de sensibilización en el marco de implementación de USAID en el periodo de 2009-2012 dirigidos a MTS, HSH, trans y sus parejas sexuales.

4.3.3 pruebapobgen

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